La realizaron Familiares de Detenidos Desaparecidos Víctimas
del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, en
Viamonte y Bolívar, este miércoles, en el marco de la causa contra del
magistrado que sigue demorándose. Imágenes
Formalmente, desde diciembre de 2011 Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la
Provincia de Buenos Aires pedían al Tribunal de Enjuiciamiento una aclaración
de criterios sobre una decisión anterior de marzo de 2009 de mantener en su cargo
a Hooft mientras se sustanciaba el juicio.
Más allá de avalar el pedido de inmediata suspensión, se
comenzó a dibujar la decisión de la querella de considerar “torcido” el
proceso, en razón del paso de un tiempo inaceptable a la luz de las exigencias que
reunía la denuncia.
Finalmente, y luego de una larga evaluación, se determina
activar el mecanismo del Pacto de San José de Costa Rica y se inicia una
Petición ante la Comisión Interamericana de Derechos en donde se invoca
violación – en principio – de los artículos 2 y 8.1 del Pacto.
A partir de allí los despachos de la presidencia del
tribunal expresan explícitamente la necesidad de “no perder tiempo” y el hecho
es comunicado de inmediato, tanto al Tribunal como a la Secretaria de Derechos
Humanos de la Nación, entidad denunciante de Hooft.
Finalmente, luego de la constitución del Tribunal, se llegó
a la audiencia del día 5 de marzo pasado en la que se resolvió la suspensión
del magistrado.
Ahora llegó el tiempo del interrogatorio y en la previa, los
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado
convocaron a la ciudadanía a presentarse en el Juzgado Penal Federal de
Viamonte y Bolívar, lugar al que finalmente Hooft no asistió.
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